
PUERTO DE LA UNIÓN
Desde 1989 el reto en el tema portuario fue el incremento en la eficiencia del Puerto de Acajutla a través de una mayor participación privada en las operaciones portuarias. El diagnóstico en el país y en todos los puertos de Latinoamérica se revelaba mano de obra excesiva, elevados costos de operación, procesos inadecuados para la prestación de servicios, baja productividad y tarifas excesivamente altas en comparación a los servicios mundiales.
En el país estos problemas se acentuaron a inicios de los ochenta con la puesta en operación del Puerto Quetzal en 1983 que contaba con servicios concesionados a las empresas privadas. Adicionalmente, la naturaleza estatal del Puerto de Acajutla ha exigido que las políticas para la negociación del Contrato Colectivo que mantiene con el sindicato desde 1952, eleva la negociación a un nivel político, con lo cual los convenios pactados no siempre coinciden con los intereses que la institución y el país demandan.
Tanto la modernización de los procesos portuarios así como sus nuevas inversiones, siempre se han visto retrasadas por las organizaciones de trabajadores que con frecuencia ejercen su presión sobre el Gobierno y sobre la administración de la empresa, con fines distintos a su función principal.
Desde inicios de los años 90 se empezó un plan para la modernización del Puerto de Acajutla a cargo de la Universidad de Luisiana, cuyo objetivo era homogenizar las tarifas portuarias a las practicas regionales y analizar la factibilidad del manejo privado de las operaciones portuarias que buscaba: a) concesionar los servicios para las operaciones a bordo de los buques y hasta la recepción de la mercadería en las bodegas y patios; b) concesión de los servicios de mantenimiento de la infraestructura y equipos.
Por las rigideces en la administración y el fuerte componente de costos, impidió que se generaran mayores inversiones privadas en el Puerto de Acajutla, incrementando su ineficiencia, costos de operación y como resultado tarifas más altas que las de sus puertos vecinos.
A partir del año 1994 se genera la iniciativa del Plan de Nación, que buscaba establecer los principales retos que se deberían enfrentar con visión de país. Es así, que la CND elabora una visión de desarrollo de la región oriental, enfocada en el tema de logística como una apuesta estratégica para el desarrollo de una plataforma de servicios de exportación del país de clase mundial.
La situación actual de la economía global ubica a Centroamérica y especialmente al Golfo de Fonseca como un punto de conexión entre las distintas rutas marítimas este-oeste y norte-sur en la que la zona oriental del país puede ser el HUB de logística regional y el GATEWAY para la salida y entrada de mercadería que impulse el comercio internacional que ha sido apoyado a través de la suscripción de diferentes tratados de libre comercio y con la adecuación de marcos legales como la Ley de Servicios Internacionales, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Zonas Francas y DPAs.
La creación de la Ciudad Puerto en los municipios de La Unión y de Conchagua generan un espacio de desarrollo de más de 250 kilómetros cuadrados que combinarían las funciones urbanas, portuarias y logísticas uniendo al Puerto de La Unión con las actividades económicas, propiciando la atracción de inversiones internacionales y la creación de nuevos puestos de trabajo mejor remunerados.
Esto se complementa con inversiones públicas en infraestructura física como el circuito logístico de carreteras para el manejo de la carga portuaria y de iniciativas regionales como el canal seco con Honduras. También será necesaria la inversión privada para el desarrollo de las zonas extra portuarias para la creación del HUB logístico y los parques tecnológicos e industriales, que le generarán mayor valor agregado al comercio de bienes y servicios.
El país tiene una gran oportunidad de insertarse en la globalización y obtener grandes beneficios del comercio internacional, siempre y cuando, exista un consenso sobre la visión país para desarrollar la zona oriental. Existen grandes ventajas para esta área como el rápido incremento en los costos de transporte internacional, la saturación de los puertos del pacífico, las limitaciones actuales del Canal de Panamá, así como el interés que el Puerto de La Unión despertó en los grandes operadores mundiales de puertos.
Tenemos como país una capacidad de administrar cadenas logísticas, incluyendo la actividad de transporte, almacenaje, manejo y transformación de las mercaderías en las diferentes fases de producción. Estas capacidades pueden verse disminuidas si el Gobierno insiste en la idea de invertir los recursos escasos del país en la administración de los Puertos, desperdiciando la gran oportunidad de ponernos en el mapa de la logística internacional.
Desde el Puerto Manzanillo en México hasta el Puerto de Balboa en Panamá no existe un puerto que pueda rivalizar con el diseño y la capacidad de gran calado del nuevo Puerto de La Unión. La apuesta estratégica es colocar al Puerto en el flujo internacional de mercaderías que permita la sostenibilidad financiera de sus operaciones, disminuya el costo de transporte por contenedor, agregue mayor valor en los servicios extra portuarios, genere una mayor demanda local para las pequeñas y micro empresas.
Es necesario contar con un socio de calidad mundial que aporte –además de su capital- su experiencia, sus contactos y sus conocimientos para convertir nuestro sistema portuario en la base fundamental de la nueva plataforma de logística y de servicios internacionales.
Es pertinente insistir en el objetivo clave de la concesión de los puertos: “CONVERITIR A EL SALVADOR EN UN CENTRO LOGÍSTICO Y DE DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO MARÍTIMO REGIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE UNA EFICIENTE COMPETITIVIDAD DE LOS PUERTOS MERCANTES”.
Para cumplir con este objetivo es necesario asegurar los siguientes puntos: 1) La participación de empresas de clase mundial en la operación del sistema portuario; 2) una estructura tarifaria y de costos que contribuyan a la competitividad del Puerto; 3) un marco legal e institucional que garantice una adecuada supervisión y control del concesionario con base en los objetivos y las obligaciones establecidas en el contrato.
Por: Licenciado Juan Carlos Rivas
Asesor del Grupo Parlamentario
ARENA